La justicia española en el banquillo en el caso de Garzón
Una judicatura independiente es la piedra angular de una sociedad libre y justa. Por eso la sentencia de la semana pasada contra Baltasar Garzón, el juez instructor que persiguió a terroristas, a tiranos y a la corrupción política, debe hacer sonar las alarmas en Madrid y en otras partes. La implacable persecución del juez Garzón, cuyos problemas empezaron cuando pasó por alto una amnistía nacional para investigar las atrocidades durante el régimen de la dictadura de Franco, lleva el sello de la venganza de intención política.
El juez Garzón es una figura controvertida. Es un héroe para los activistas de los derechos humanos por su empeño en destapar las violaciones en todo el mundo. Su intento de extraditar al exdictador chileno Augusto Pinochet ayudó a definir el principio de jurisdicción universal. Pero también se ha ganado enemigos en la judicatura, donde su ego y su jactancia han caído muy mal, y también entre la clase política. Sus investigaciones sobre los escuadrones de la muerte al servicio del estado ayudaron a la caída del gobierno socialista en los años noventa. La sentencia de esta semana estaba relacionada con las investigaciones de corrupción entre los barones regionales del dirigente Partido Popular de centro derecha.
Las acusaciones son graves. El juez Garzón ha sido declarado culpable de abuso de sus competencias al grabar conversaciones entre abogados y sus clientes, sospechosos de lavar dinero en uno de los casos de corrupción política más grandes de España. Pinchar los teléfonos es legal en los casos de terrorismo, pero la ley es menos clara en otra clase de delitos. Lo que da motivos para el malestar es el hecho de que, cuando el caso fue transferido a Madrid, tanto el nuevo juez como el fiscal dieron su aprobación a la orden de pinchar los teléfonos, según la organización Human Rights Watch. Pero solo se le procesó a él.
A ningún funcionario público se debe permitir violar la ley. Pero el hecho de que solo se le haya acusado al juez Garzón levanta sospechas sobre las razones y los métodos empleados contra él. Además, es extremadamente inusual aplicar el procedimiento penal para sancionar a un juez. Hay más, la sentencia de la semana pasada fue solo la primera de los tres casos penales pendientes contra el juez Garzón. Todos habían sido rechazados por el fiscal por falta de pruebas, sin embargo el Tribunal Supremo permitió que siguieran adelante.
El caso principal (presentado por dos grupos periféricos de extrema derecha) es que el juez Garzón obvió una ley de amnistía de 1977 cuando en 2008 hizo una breve investigación sobre la desaparición de más de 100.000 personas durante y después de la Guerra Civil española. Sin embargo, Naciones Unidas dice que esa amnistía contraviene la legislación internacional y debe ser revocada. No hay lugar para la amnistía ni la amnesia cuando se trata de crímenes contra la humanidad. Las fosas comunes descubiertas ahora demuestran la necesidad de pedirle cuentas al pasado violento de España, aunque eso reabra las viejas divisiones políticas.
La trayectoria del juez Garzón como cruzado de la magistratura ya está acabada, antes incluso del fallo sobre su persecución a los franquistas hace tiempo desaparecidos. Pero la suya no es la verdadera tragedia, sino el perjuicio causado a la independencia de la judicatura en España. El juez Garzón probablemente apelará ahora al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Allí España tendrá que responder a la apremiante cuestión de en qué forma el ataque a un valiente funcionario público refuerza la causa de la justicia.
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