Acabo de encender la televisión y compruebo apenado, que no sorprendido, que el Tribunal Supremo ha inhabilitado a Garzón por once años a consecuencia de su "mala praxis" en las escuchas de la trama Gürtel. O sea, que el primer condenado es el juez que empezó a investigar el asunto que ha metido en mierda al PP. Semanas atrás, los que en cierto momento iban a aceptar su culpabilidad (Camps y Costa) son declarados inocentes por falta de pruebas por un jurado Popular.
Hoy hemos amanecido con que se abre una investigación por parte del Consejo General del Poder Judicial contra el juez que investiga la malversación de las empresas de Urdangarín por posibles filtraciones. Además, la declaración del yerno del Borbón no va a ser registrada en vídeo, como pasa con las de todos los demás ciudadanos y ciudadanas de a pie; solo recogida en taquígrafo. Con respecto a este proceso, su mujer, la Infanta, no será llamada a declarar, esa que ha vivido en el palacete que compraron juntos y con la que comparte varias sociedades investigadas. Total, qué puede saber ella de lo que ha hecho su marido exdeportista.
20 minutos publicaba hoy que el Gobierno ZP aprobó en sus últimos dos meses de legislatura 40 indultos parciales, la mayoría a personas con delitos menores por drogas; pero 8 de ellas no cumplían con ese perfil, sino que eran empresarios o altos directivos, como el consejero delegado del Banco de Santander y dos exdirectivos de Banesto. A este carro indultador se ha subido ya el nuevo gobierno de Rajoy, que ha reducido a dos años la pena de dos directivos de Azucarera Ebro y ha conmutado sus multas a 79.000 €. En 2010, los susodichos fueron condenados a seis años de cárcel y a una multa de casi seis millones de euros por delitos contra la UE por el caso del azúcar, cuando intentaron ocultar la sobreproducción de la compañía.
La lectura de todo esto es muy sencilla: la justicia no es universal sino que es parcial; está hecha a la medida de los legisladores, que son los de siempre, los carcas, los que perpetúan el sistema, aquellos a los que no les interesa que cambien las reglas del juego por si pierden sus privilegios. Quien saque los pies de este tiesto sufrirá el peso de la Ley (se les llena la boca con el vocablo). Que se lo pregunten a Garzón si no. ¿Qué nos queda a los demás? ¿Qué pasaría si nos declararamos objetores de conciencia de alguna ley, como solicitó a voz en grito Esperanza Aguirre que se hiciese con la asignatura de Educación para la Ciudadanía? ¿Nos permitirían incluso el pregonarlo? En Madrid, la ley de Dependencia, por ejemplo, no ha sido aplicada y no ha pasado nada. Con este panorama te dan ganas no solo de huir de aquí, sino de tomarte la justicia por tu mano como en el lejano Oeste, y al primero que se debería tener en el punto de mira de tu revólver sería a quien se atreviera a juzgarte.
Asco de impartidores de justicia.
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